El gobernador Hermes Binner participará mañana de la audiencia pública
citada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación al
reclamo provincial de inconstitucionalidad del artículo 76 de la ley
Nº 26.078, que prorrogó –sin el acuerdo previo o posterior de la
provincia de Santa Fe– la detracción del 15 por ciento de la masa de
recursos de la coparticipación federal de impuestos, con destino al
sistema de previsión social de la Nación administrado por la
Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).
La audiencia a la que fueron convocados el gobernador y el ministro de
Economía de la Nación, Amado Boudou, tendrá lugar a partir de las 10,
en la sede del máximo tribunal, ubicada en Talcahuano 550, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Binner estará acompañado por la vicegobernadora Griselda Tessio; el
presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Eduardo Di
Pollina; el ministro de Economía, Ángel Sciara; y el fiscal de Estado,
Jorge Barraguirre (h). También participarán representantes de
entidades empresarias y de los trabajadores.
En su momento, Barraguirre explicó que el reclamo de fondo realizado
por el gobierno santafesino se basa en que “la imposición o
distribución tributos debe establecerse a partir de un acuerdo entre
la Nación y las provincias. Hay un derecho intrafederal, que es el
derecho de la coparticipación federal, que se establece en forma
consensual”, señaló.
En 2006 Santa Fe retiró el consentimiento para que la Nación siga
detrayendo el 15 por ciento de los recursos de la masa coparticipable
con destino al financiamiento de la seguridad social, tal como se
había establecido en el Acuerdo Federal de 1992 y en otros pactos
fiscales posteriores. Como consecuencia de ello, la provincia reclama
que esos recursos sean reintegrados desde esa fecha.
Por otra parte, la provincia destaca en su reclamo “la modificación
fundamental de las circunstancias que dieron origen y justificaron la
detracción de los fondos que actualmente efectúa la Nación”.
En tal sentido, se recuerda que en 1992, la Nación “tenía un stock de
deuda inmanejable y se quedaba sin flujo de fondos ya que los ingresos
corrientes por aportes y contribuciones pasarían, centralmente, a las
Afjp (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones)”, en el
marco de la privatización del sistema previsional.
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