Amplia respuesta de los jefes municipales oficialistas. Solo tres intendentes estuvieron ausentes, aunque por diferentes motivos. Tras tres horas de reunión se aprobó el documento que a continuación transcribimos
El Estado Democrático, en sus distintos niveles, debe ser la garantía plena de la vigencia de los derechos humanos. Para que ello se pueda realizar, es necesario que se extraigan recursos de la sociedad y se redistribuyan bajo la forma de bienes y servicios públicos.
Los municipios no son ajenos a este principio, bien se ha señalado que no hay verdadera autonomía municipal si no se reconoce al municipio la capacidad de generación de recursos suficientes para el desempeño de sus cometidos. De nada sirve proclamar, en la letra de la ley, la autonomía municipal si, al mismo tiempo, condenamos a la institución local a subsistir con magros ingresos o le coartamos las posibilidades de establecer su propia tributación.
En las sociedades modernas los gobiernos locales, que asumen crecientes responsabilidades devenidas de procesos de reforma en la gestión de los servicios públicos y de mayores demandas de la sociedad, deben ser dotados de recursos mediante un sistema que garantice la distribución homogénea y la automaticidad de las percepciones. Para que esto sea posible y en un marco de equidad distributiva, se debe avanzar hacia un sistema fiscal genuino que se plantee terminar con los privilegios fiscales de los sectores que mayor capacidad contributiva tienen y que sea a su vez armónico con los estados provinciales que tienen estructuras sociales y productivas similares.
El Frente Progresista debe desandar el camino que han marcado las políticas fiscales llevadas adelante durante el transcurso de los Gobiernos Justicialistas que quitaban los recursos legítimos de los gobiernos locales buscando compensar el atraso fiscal de “no aumentar ningún impuesto”.
Este esquema perverso entregaba recursos a la Nación con pactos fiscales, mantenía -como mantiene actualmente con su mayoría en el Senado- los privilegios de los sectores de mayor capacidad contributiva y desfinanciaba a las administraciones locales con distintos mecanismos.
Para remediar esta situación el Gobierno provincial puso en marcha todas las acciones al alcance del Ejecutivo.
En primer lugar dos medidas a favor de Municipios y Comunas: por un lado se comenzó a coparticipar el 100% de Ingresos Brutos terminando con el techo del 90% que había impuesto la anterior administración y por el otro, a partir del 2008 se comenzó a coparticipar el Fondo de Financiamiento Educativo que por razones inentendibles se retraía de la coparticipación federal.
En segundo lugar se ha impulsado una reforma fiscal para volver más coherente el sistema tributario y dotar de fuentes de financiamientos a la Provincia y a los MMYCC.
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