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jueves, 30 de septiembre de 2010

EN CONTRA DEL “APRIETE” A LA CORTE SUPREMA

El Colegio de Abogados de la IV Circunscripción Judicial, ante los dichos de los discursos de público conocimiento cuestionando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y agraviando a sus miembros, sostiene, que una República se construye y se defiende con tolerancia y serenidad aún en el disenso o en discrepancia pero sin menoscabar, sin faltar el respeto, sin agraviar ni caer en excesos. No vamos a resolver los problemas de la sociedad actual a través de escaladas emocionales que no condicen con el comportamiento responsable que todo ciudadano debe a su Nación e Instituciones. Nuestra sociedad demanda valores, nuevos comportamientos y precisamente actos de éstas características, no son muestra de ejemplaridad. Es insostenible en una república la pretensión, pública o privada, de presionar o intentar politizar el funcionamiento de la justicia a través de sus jueces. La vigencia de un Estado de Derecho implica que cualquier exceso o menoscabo del orden jurídico legal o institucional debe reestablecerse inmediatamente por las autoridades competentes, es hora que se avance para respetar a la justicia y la República, consolidando las instituciones por encima de toda coyuntura o escalada emocional. Los pueblos que olvidan su pasado ruinoso están condenados a repetirlo.
Atropellos  constitucionales
El Colegio de Abogados de la IV Circunscripción Judicial EXPRESA :
Que son inconstitucionales las posiciones y propuestas notariales que pretenden sustituir, sustraer o soslayar a los jueces para que determinen o declaren los herederos de un fallecido. De esa forma, y so pretexto de modernización y economía, se atropellan las garantías constitucionales y se ponen en grave riesgo los derechos de las personas y la seguridad jurídica (arts. 75, inc. 12°, de la Constitución Nacional, y arts. 3284, 3410 y 3430 del Código Civil).
Todo intento de sustraer de la autoridad de los jueces y al contralor de los Fiscales la tramitación de las sucesiones, es una privatización de la Justicia, una demostración del abandono por el Estado de una de sus funciones esenciales y, en la práctica, permitir la justicia por mano propia.

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