El gobierno Provincial de Santa Cruz, una vez más, se rehúsa a cumplir con los fallos, en este caso el de la CSJN. Luego de doce años y de cinco resoluciones al máximo Tribunal del país, se resiste a restituir al ex procurador de aquella provincia, Eduardo Sosa, que fue cesanteado inconstitucionalmente en el año 1995.
La gravedad del incumplimiento, a su vez, se ve pontenciada por la complaciente, antidemocrática y arbitraria actitud de gobierno nacional, que pretende hacer aparecer al caso como una cuestión "estricta del gobierno provincial", o decir que se pretende dar un "golpe de estado" o de que se trata de una "invasión" a la Provincia de Santa Cruz, esto constituye un exabrupto y una grave agresión institucional.
En un estado de derecho, es obligación del Gobierno Provincial, como la de cualquier ciudadano, cumplir con los fallos. De lo contrario se estaría creando un privilegio sobre aquellos que en la coyuntura están en el poder, por sobre los ciudadanos comunes.
El incumplimiento dar lugar a la impunidad, provoca un deterioro institucional y crea una prerrogativa inexistente en nuestra constitución.
La actitud lamentable del gobierno de la Nación en abierto apoyo al Gobierno Provincial, es grave, y debe ser motivo de alerta, ya que están en juego las instituciones, la división de poderes, la independencia del poder judicial, en definitiva la Republica misma.
COLEGIO DE ABOGADOS DE LA IV CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL RECONQUISTA - PROVINCIA DE SANTA
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