A través de una resolución el concejo municipal ha expresado la preocupación frente a hechos confusos de violencia que se vienen produciendo en el ejido urbano de la ciudad de Reconquista , donde está comprometido el accionar de la Fuerza Policial ; provocando inseguridad que afecta a la sociedad en su conjunto; e insta a todas las instituciones públicas y privadas de la ciudad a buscar políticas comunes de seguridad inclusivas, que protejan a los diversos actores y no sólo los derechos de un determinado segmento social.
Para conocimiento transcribimos textualmente los fundamentos del despacho de la comisión de Derechos humanos y Seguridad Comunitaria que preside la concejal Lidia Menapace
“En el ejido urbano de la ciudad de Reconquista se vienen produciendo hechos de violencia que resultan confusos y que generan inseguridad afectando a la sociedad en su conjunto.
El protagonismo de la seguridad ciudadana, hoy tomado como lógico, es el fruto de un proceso por el que distintos fenómenos relacionados con la violencia se incrementaron y esto aparece como un problema que debe resolverse.
La seguridad ciudadana involucra problemas básicos de la relación entre ciudadanos, entre éstos y las instituciones y entre las instituciones entre sí. Por ello, resulta fundamental pensar y describir estos problemas en toda su complejidad. Sólo una comprensión en el marco de esta complejidad puede tomar en consideración todos los derechos que están en juego, sin reducirlos a una dimensión meramente defensiva. Hacerse cargo del reclamo por mayor seguridad de un modo responsable significa otorgarle su real dimensión, resolverlo en un contexto de respeto por los derechos y no limitarlo a una demanda que busca solamente reducir el riesgo de que ciertos delitos ocurran.
En el debate político y en el de los medios de comunicación se describe en forma simplificada al problema de la seguridad y, como consecuencia, a sus soluciones.
Estas propuestas erradas pueden agruparse esquemáticamente en tres versiones. Por una parte, aquellas que tienen como objetivo el reforzamiento del orden en las calles e ignoran derechos y garantías constitucionales. En segundo lugar, este segundo grupo de propuestas también prioriza el "orden público", pero evita caer en una retórica abiertamente autoritaria y, por otra parte, si bien incluyen restricciones legales al objetivo de alcanzar el orden público, utilizan un concepto tan restringido de derechos que vacían de contenido el sistema democrático y el Estado de derecho.
Finalmente, existen discursos con una noción más amplia de derechos, en los que la cuestión del orden no se impone por sobre los valores democráticos, pero que no logran articular respuestas consistentes en materia de seguridad ciudadana
Las respuestas que postulan el orden en las calles como único objetivo no sólo tienden a la restricción de derechos ciudadanos, sino que –al soslayar la complejidad de la cuestión - son ineficaces y plantean respuestas que en realidad sólo pueden acarrear más violencia, riesgos e inseguridad. Estas propuestas se sostienen en situaciones de hecho tales como los temores y resentimientos que se generan en una sociedad crecientemente desigual.
Es necesario cambiar el punto de vista para pensar la seguridad ciudadana y rechazar la lógica con la cual ha sido comprendida hasta el momento por amplios sectores. Un análisis del problema de la violencia delictiva e institucional desde la óptica de los derechos demanda el reconocimiento de que éstas no sólo afectan el derecho de los ciudadanos a la no interferencia, sino que también involucran cuestiones básicas de la convivencia social y de la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Es preciso que los objetivos y las propuestas sean consistentes con esta descripción y no la restrinjan a una mera declaración de principios.
Promover el control de la violencia implica repensar las condiciones en que las instituciones de seguridad se insertan en la sociedad e intervienen en la circulación social de la violencia, de modo tal de evitar dinámicas violentas en la gestión de conflictos. Implica comprender que la pretensión estatal de monopolio de la fuerza tiene sentido como instrumento para la protección de los derechos, y no para el mantenimiento del orden fáctico.
Frente a este planteo, se hace necesario diseñar políticas que operen contra el delito y que no produzcan mayor exclusión, que contemplen acciones que extiendan la ciudadanía, como una poderosa herramienta integradora. Ciudadanía que debe ser entendida en el sentido amplio de ciudadanía social la cual, a diferencia de la ciudadanía política o civil, hace referencia también a los derechos colectivos.
Lo que propiciamos quienes decidimos atender casos de denuncias sobre supuestos abusos o violaciones a loa derechos humanos por parte del Estado en su faz legítima represiva, es que el Estado debe actuar siempre, en todo momento y en todo lugar, con la fuerza de la Constitución y de la Ley en la mano.
El Estado debe poder hacer cumplir la Ley. Las personas deben respetar la Ley y, cuando no lo hagan, deben ser sancionadas por el Estado.
Las Fuerzas de Seguridad deben poder garantizar el cumplimiento de la Ley y el reinado del orden y la paz, pero nunca ejerciendo violencia ilegítima.”
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