DURO CUESTIONAMIENTO A SUPERTI

Los cinco Colegios de Abogados de la provincia (Rosario, Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto y Reconquista), la Federación Argentina de Colegios de Abogados, los dos Colegios de Procuradores de la Provincia (Rosario y Santa Fe) y la Federación Argentina de Colegios de Procuradores rechazaron por falaces y maliciosas las declaraciones vertidas por el Ministro de Justicia en ocasión de su reunión con la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado santafesino.
En efecto, de sus declaraciones se desprende su intención de llevar los cuestionamientos esgrimidos a un campo erróneo nunca planteado, pretendiendo que exista un conflicto entre la comunidad santafesina y los colegios profesionales, indica un comunicado conjunto.
En ocasión de su propia presentación ante los integrantes de la Cámara de Senadores en pleno, el 3 de junio, los colegios profesionales de Abogados y Procuradores, conjuntamente con la Federación Argentina de Colegios de Abogados (Faca) y Federación Argentina de Colegios de Procuradores “explicamos que resultaba auspicioso todo intento de acercar la Justicia al pueblo, pero que existían objeciones que no podían ser soslayadas”.
La más importante, es la posibilidad de que los ciudadanos concurran a dicho proceso sin la asistencia de un abogado o procurador. Ello implica una gran restricción y lleva a considerar que pueda quedar “resguardado el derecho de defensa de un ciudadano sin la asistencia técnica de un abogado o de un procurador”, advierten.
Este concepto es preocupante en tanto transmite la idea de que los derechos se pueden defender sin abogados o procuradores. “Precisamente, si de lo que se trata es de privilegiar el valor del buen funcionamiento de la Justicia, resulta indiscutible que en este objetivo mucho tienen que ver los abogados y procuradores”, insisten.
Es cierto que no hay debido proceso si no hay proceso, considerando que pueden existir factores económicos que condicionan el acceso a la Justicia. Pero resulta un error considerar que tales inconvenientes encontrarán solución suprimiendo la asistencia letrada. Pensar de tal modo importa -a no dudar- un notable retroceso en la protección de los derechos de los ciudadanos.
Por ello lucen totalmente “falsas las declaraciones de Superti en el sentido de que al gobierno le interesa llevar la Justicia al pueblo y a los abogados y procuradores conseguir trabajo para ellos, toda vez que desde un primer momento apoyamos la iniciativa, con las objeciones explicitadas precedentemente”.
Llama la atención que el Ministro, siendo abogado, sostenga que muchas veces “se paga más de honorarios que el monto del pleito pues, no ignora que los mismos deben guardar necesaria proporcionalidad con el monto del juicio y que forman parte de una ley promulgada por el Poder Ejecutivo”, finaliza el parte que no hace más que refrescar la mala relación de la gestión de Superti con los colegios y federaciones que agrupan a los hombre del Derecho.
Por tal motivo, rechazamos enérgicamente las declaraciones vertidas en tanto pretenden enfrentar a la sociedad con los abogados y procuradores.
Asimismo, deseamos recordar a la comunidad que, de prosperar el proyecto en cuestión, serán precisamente los ciudadanos santafesinos los únicos perjudicados, por cuanto verán afectada la plena vigencia de sus garantías constitucionales, del derecho de defensa en juicio y del debido proceso legal.