Ante el avance en el Congreso del proyecto de ley que eleva las jubilaciones y pensiones, el ministro de Economía, Amado Boudou, convocó ayer a una imprevista rueda de prensa. Volvió a decir que el Gobierno no tiene recursos para elevar la jubilación mínima (hoy de $ 895) al 82 % del salario mínimo. Y tampoco para ajustar los haberes mal liquidados de acuerdo con los fallos de la Corte Suprema. Estimó que ambas medidas tendrían un costo para la ANSeS de $ 30 mil millones anuales y provocaría un déficit equivalente al 2,5% del Producto Bruto Interno (PBI).
Desde la oposición la réplica no se hizo esperar: los legisladores de los diferentes bloques ratificaron su decisión de impulsar una ley para elevar los haberes y hacer que se cumplan los fallos judiciales.
Tanto Ricardo Alfonsín como Francisco de Narváez opinaron que Boudou “exagera” sobre el costo de esta medida “para desacreditar” los proyectos opositores. Y destacaron que el proyecto respeta los fallos de la Corte Suprema.
Los datos técnicos que aportaron los dirigentes y legisladores opositores sostienen que las mejoras se pueden cubrir con el superávit corriente de la ANSeS, con los intereses del Fondo de Garantía y con el aumento de los aportes que hacen las empresas grandes al sistema jubilatorio, que fueron bajados en la presidencia de Carlos Menem
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