Con una nutrida participación de profesionales de distintas especialidades, se realizó el pasado martes, el primer encuentro debate sobre el proyecto de reforma de la Ley N° 12.818 de la Caja de Previsión del Arte de Curar en el teatro de la Asociación Gremial Médica de Santa Fe, convocado por la Asociación de Jubilados y Pensionados del Arte de Curar, la Agrupación Santafesina Ramón Carrillo, la Asociación Gremial Médica de Santa Fe y los Colegios de Psicólogos y Psicopedagogos de la 1° Circunscripción.
En el evento, se discutieron las distintas dificultades por la que atraviesa la Caja y los contenidos del proyecto que modifica la Ley del Arte de Curar, presentado por la diputada Silvina Frana en agosto de este año.
Cantidad de deudores
La Caja, compuesta por: médicos, odontólogos, farmacéuticos, veterinarios, bioquímicos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, obstetras, Técnicos ópticos, Psicopedagogos, nutricionistas y técnicos radiólogos, contiene según el último balance publicado (2008) unos 23.216 profesionales. De acuerdo a esta cifra, el total de morosos ascendería a 3.703, es decir un 15,9% del total registrado.
Pero el universo de la Caja, es decir, el total de profesionales que deberían estar afiliados obligatoriamente por Ley, se estima entre 31 y 35 mil profesionales, lo que aumentaría el número de deudores a un porcentaje cercano al 30%, lo que progresivamente vendría desfinanciando la Caja y poniendo en riesgo la previsión social de miles de activos y pasivos.
La pirámide invertida
Otro de los principales problemas que se discutió fue lo que se denominó como “pirámide invertida”, lo que refiere a que el sostén de las finanzas de la Caja recae en la categoría más alta, superando el 50% del total de aportantes, lo que se traduce en un mayor índice de morosidad registrada, poniendo en riesgo la situación financiera de la Caja en mediano y largo plazo. Además de generarse un estancamiento en el ingreso de afiliados, mientras continúa normalmente el ciclo de jubilaciones de los activos.
El ejemplo más común se da cuando el activo en un corto período de tiempo pasa a la categoría más alta de aporte (aproximadamente $ 900 mensuales) y deja de pagar por resultarle inaccesible, o ejerce su profesión sin inscribirse a la Caja.
Otros problemas
Asimismo se hizo hincapié en el problema que genera tener la previsión junto con la obra social, esta última, al ser de carácter obligatoria debe abonar ambos, generando un costo que para mucho es imposible de pagar.
Mucha insistencia se hizo sobre los altos costos administrativos (que superan el 12 % permitido por ley) costeando los abultados salarios percibidos por los directivos, generando la necesidad de tomar medidas inmediatas de austeridad.
Finalmente, quedó en evidencia la falta de control de la Junta Fiscalizadora, que debe rendir cuentas sólo ante el Directorio, negando muchas veces información a los afiliados, quienes son los verdaderos dueños de la misma.
El proyecto que pretende mejorar estas dificultades y que fuera elaborado en consenso con las entidades de activos y pasivos representativos del sector, contempla las herramientas para dar solución a los problemas planteados y esta basada en los siguiente pilares:
1- Nuevo régimen de aportes con una categoría obligatoria y tres opciones que permite aportar de acuerdo a las posibilidades económicas de los afiliados. Se pretende así la Inclusión de todos los profesionales como base del funcionamiento del sistema.
2- Amplia moratoria, que contemple incluso la renuncia definitiva de los años no aportados en aquellos morosos que así lo decidan permitiendo la inmediata reincorporación a los que así lo decidan Se garantiza la incorporación de todos los morosos registrados.
3- Separación de la Obra social de la caja y se suprime la obligatoriedad de la misma.
4- Disminución de los gastos de funcionamiento del 12% al 6 %. Disminución de los sueldos de los directores.
5- Incorporar la asamblea general de socios como organismo superior en las decisiones y controles de la caja. Se incorpora un representante del estado para la fiscalización estatal.
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