La Cámara de diputados de la Provincia de Santa Fe dio media sanción al Proyecto de Ley que crea el Sistema de Acompañamiento y Protección a Testigos y Víctimas en Procesos Penales.
Esta ley tiene como objetivo brindar asistencia y protección a quienes se encuentren en situación de riesgo y peligro real para su vida, libertad, integridad física o psíquica, como consecuencia de su intervención como testigos o víctimas de un delito, participación en un proceso penal, estar imputado o vinculado a una determinada causa.
El diputado Raúl Lamberto, presidente del Bloque de Diputados del Frente Progresista Cívico y Social expresó que “la Constitución de la Provincia reconoce la dignidad de las personas y establece que todos los órganos del poder público están obligados a respetarla y protegerla, siendo el efectivo resguardo de la integridad física, psíquica y la seguridad personal de todos los habitantes de la Provincia una responsabilidad inexcusable del Estado y del Gobierno”.
“Se crea el Sistema de Acompañamiento y Protección a testigos y víctimas en procesos penales, con la clara voluntad política de respetar, acompañar, asistir y proteger a estas personas, adoptando las medidas preventivas para reducir su vulnerabilidad y minimizar los riesgos a los cuales están expuestas por su actuación dentro de tales procesos” agregó.
Lamberto manifestó ante sus pares que “este programa demuestra un claro compromiso con una Justicia Independiente, con brindarle las herramientas para que la administración de justicia se acerque a los casos donde puede verse afectada la integridad de las personas vinculadas a los mismos”. Continuó Lamberto “después de que se implementara el Programa de Protección de Víctimas y Testigos para los casos de juicios de lesa humanidad que se celebraron en la Provincia de Santa Fe, esta consolidación del mismo con rango legal es un avance institucional que fue asumido con razonabilidad y cordura por todas las bancadas”.
Este programa es un medio para evitar interferencias, presiones, abusos, en aras de lograr una administración de justicia cercana a los ciudadanos, que dé respuestas eficaz y eficientemente.
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