Tras el aval judicial, Florencio Randazzo, confirmó que la estrategia oficial de “desendeudamiento” continuará con la resolución de la deuda de 6.700 millones de dólares que la Argentina mantiene con 19 Estados.
Sorteado el freno judicial por el uso de reservas para pagar compromisos externos, el Gobierno avanza en su estrategia de “desendeudamiento”. Luego de cerrar el proceso de canje con los holdouts, la Presidenta retomará las negociaciones para cancelar el pasivo con el Club de París.
“Ése es el próximo paso”, confirmó el ministro del Interior, Florencio Randazzo, en diálogo con periodistas en la Casa Rosada. Esa deuda asciende a 6.700 millones de dólares y su cancelación fue anunciada en septiembre de 2008 por Cristina Fernández. Pero con la agudización de la crisis financiera internacional, el Gobierno desandó aquel camino y congeló las tratativas.
En el oficialismo, el plan es avanzar sobre “todos los frentes” y “salir definitivamente del default”. Por eso, ayer hubo euforia al conocerse los fallos judiciales que dan marcha atrás con la suspensión del decreto de necesidad y urgencia 298, que habilita al Gobierno a pagar deuda con 4.300 millones de dólares en reservas del Banco Central.
Con estas resoluciones, la Casa Rosada podrá hacer frente al vencimiento del próximo lunes: desembolsará 203 millones de dólares a acreedores privados. Ayer, cuando aún no había trascendido el desenlace judicial, se pagaron 144 millones de dólares a bonistas, pero con fondos del Tesoro.
Ante la consulta de Crítica de la Argentina, Randazzo consideró “capítulo cerrado” el conflicto por el uso de reservas, aun cuando el Congreso no se expidió sobre el DNU 298. El trámite legislativo se enmarañó en discusiones reglamentarias y la impugnación del oficialismo a la integración de la comisión bicameral que debe emitir dictamen sobre los decretos.
El arco opositor aún insiste en voltear en el recinto el instrumento que anunció la Presidenta al inaugurar el período de sesiones ordinarias, el 1 de este mes. El rechazo tiene chance de prosperar en la Cámara de Diputados, pero aguarda un destino más incierto en el Senado, donde los números son parejos y el kirchnerismo confía en ganar la pulseada. De ser así, habrá ganado la pelea porque la ley 26.122 –de reglamentación de los DNU– establece que para dar de baja un decreto se necesita el rechazo expreso de ambos cuerpos.
Como contrapartida, el Gobierno pretende que el Parlamento apruebe una norma que replique en términos idénticos los considerandos del DNU 298 para dar “solidez” al proceso. Esa postura fue transmitida también por Miguel Ángel Pichetto, el jefe del bloque de senadores K, luego de la visita del ministro de Economía, Amado Boudou, a la Cámara alta. Hasta ahora, en el Congreso hay dos iniciativas que se ajustan a ese interés: una presentada por el senador peronista Carlos Verna –a veces encolumnado con la oposición, otras con el kirchnerismo– y otra firmada por los diputados Carlos Heller y Martín Sabbatella, del ala de la centroizquierda más cercana al oficialismo
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