El Gobierno prepara, por ahora en secreto, un nuevo decreto reglamentario que cambiaría en parte el esquema actual de retenciones a las exportaciones primarias, y que se presentaría en sociedad antes del 24 de agosto. Si bien por ahora no hay decisión tomada desde Olivos, técnicos del Ministerio de Economía estudian la posibilidad de reducir al mínimo la presión, o directamente eliminar, el tributo para las exportaciones de maíz, trigo y girasol; y una posible segmentación para los productores medios y chicos de soja. Eventualmente, esta última ayuda estaría implementada a partir de un subsidio indirecto, dejando para el futuro el marco de análisis de una reducción concreta en las retenciones a la oleaginosa; algo que, a esta altura de la administración Kirchner, es ideológicamente inadmisible.
Para el Gobierno, una reducción en la presión impositiva de este tipo no sería una pérdida económica importante. El costo fiscal de la eliminación de las retenciones al maíz, trigo y girasol sería en realidad mínimo (no superaría los u$s 500 millones anuales), mientras que en el caso de la soja se piensa en rebajar la presión en un monto similar.
La alternativa de estas rebajas fue reconocida a este diario por una alta fuente del Gobierno nacional, que deberá analizar en los próximos días el último escrito de la propuesta antes de elevarla Olivos. Será luego allí donde en semanas se resolverán los pasos políticos a seguir en este tema. Para esto, el Gobierno esperará a conocer el destino que puede llegar a tener el proyecto, o proyectos, que desde la oposición se impulsarán en el Congreso Nacional y que fueron debatidos por la mayoría de los jefes de bloque el martes pasado en una reunión pública de la Sociedad Rural. Cualquier iniciativa de este tipo, de terminar convirtiéndose en ley, tendrá destino de veto seguro por parte de Cristina de Kirchner. Por ahora, los habituales voceros de Presidencia no confirman la novedad, a la espera de lo que suceda en el Congreso con la iniciativa opositora. Sin embargo, ante los primeros avances concretos que tenga el proyecto en las comisiones legislativas correspondientes, aparecerá el fantasma del veto presidencial.
Desde Olivos se optará por avanzar en este tema de la misma manera que se hizo, a juicio del oficialismo con eficacia, en temas como la Asignación Universal por Hijo y el 82% móvil para las jubilaciones mínimas. Esto es señalar la supuesta irresponsabilidad de los dirigentes opositores al avanzar en temas que apunten a la reducción de los recursos fiscales o un aumento en los gastos previsionales o corrientes; pero preparar hacia la sociedad medidas que apunten a tomar esas banderas, pero con pérdidas de recursos y aumentos de erogaciones sensiblemente menores. Y, obviamente, con toda la ganancia política para el Gobierno.
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