En un nota remitida por varios diputados provinciales, entre ellos Enrique Marín del Frente para la Victoria, solicitan al gobernador deje sin efecto la resolución tomada (por decreto) de cesantear a la docente de nuestra ciudad Estela Pietropaolo.
La misiva remitida a Hermes Binner, señala textualmente lo siguiente:
“Nos dirigimos a Ud. a los efectos de solicitarle tenga a bien considerar la posibilidad de revocar por contrario imperio, o dejar sin efecto, el Decreto Nº 1288 del 22 de Julio de 2010, mediante el cual se sancionó con cesantía en el cargo de Supervisora de Nivel Medio de la Delegación Regional de Educación –Región II -, con sede en Reconquista, a la docente Sra. Estela Mónica Pietropaolo.
Esta medida, que Ud. adoptó hace unos días, se sustentó en lo dispuesto por la Secretaría de Educación Provincial, según Disposición Nº 008/10 y luego de un proceso sumarial, en el que los integrantes de la Junta de Disciplina para el Personal Docente, mantuvieran profundas diferencias a la hora de dictaminar, tan es así, que mientras la representación gremial en dicho organismo propuso sancionar con 30 días de suspensión a la docente Pietropaolo, los Representantes Ministeriales se inclinaron por promover su cesantía. Es decir, que ni siquiera este dictamen surgió de una mayoría absoluta, o de una inequívoca posición de la Junta Disciplinaria, situación que tiene poquísimos o ningún antecedente dentro del Ministerio de Educación.
Pero además, entre los fundamentos previos a la adopción de la medida, tanto los representantes ministeriales como de los docentes, señalaron, refiriéndose a la docente ahora cesanteada, que “…no existen elementos de prueba en contra de su desempeño pedagógico. Por el contrario, los directores y docentes declarantes hablan a favor de su asesoramiento y acompañamiento en este aspecto…”; “…Tampoco existen observaciones y/o sanciones previas en cuanto a su desempeño como Directora ni como Supervisora, cargos a los que accediera por concurso y escalafonamiento respectivamente…”; “…Creemos, finalmente, que más de treinta (30) años de servicio inobjetado en la Escuela Pública merecen la consideración pertinente...”
Asimismo, atento al empate de propuestas que se dio en el seno de la Junta de Disciplina, el Ministerio de Educación debió aplicar una medida con la proporcionalidad que prevé la Ley 10.290, norma que como todo régimen disciplinario –en este caso para docentes- aplica medidas expulsivas sólo como “última ratio”, más aún como en el caso que nos ocupa, donde no se ha alcanzado luego de la valoración de las pruebas obrantes en el Sumario, la convicción, o la certeza, sobre los hechos. Al contrario, según opiniones de miembros de la Junta, el camino sancionatorio debió ser la revisión de las prácticas erróneas de la docente con una medida de carácter correctivo.
Por todo ello, y porque ya en ocasión de nuestro pedido de informes elevado el año pasado a través de una decisión de la Cámara de Diputados de la Provincia, manifestábamos sobre la situación que –todavía hoy- se vive en la comunidad educativa de la Regional II de Educación con sede en Reconquista, por las medidas a las que hacemos referencia, y porque gran cantidad de docentes, contrariados por el comportamiento de los funcionarios de la cartera educativa se expresaron bajo sus propias firmas en misivas enviadas oportunamente a la Sra. Ministra, Licenciada Elida Rasino, es que solicitamos al Sr. Gobernador apele a su más alto criterio para revocar la decisión que no sólo perjudica a una docente con más de 30 años de servicio en la Escuela Pública y sin antecedentes disciplinarios, sino que crea un pésimo precedente que amenaza a la totalidad de la docencia santafesina”
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